El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México surgió con la iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El Convenio de colaboración interinstitucional, se llevó a cabo el 15 de octubre de 2014, en el marco del 61 Aniversario del Voto de las Mujeres en México.
Cabe señalar que ejercicio de los derechos político-electorales contiene todavía elementos de desigualdad de trato que afectan a poblaciones específicas, como lo es la recopilación de información en el tema de la desigualdad de género en el ámbito de la participación política, el acceso, la sistematización y análisis, para la generación de diagnósticos eficientes basados en evidencias, orientados entre otros asuntos, al análisis y generación de propuestas de modificación de acciones o políticas públicas que permitan incidir en el desarrollo de nuestra democracia, lo que impide que se cuente con un sistema electoral pleno e incluyente.
Es por ello que el proyecto del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California Sur (OPPMBCS), busca el reconocimiento de la participación política de las mujeres gozando plenamente de sus derechos político-electorales, abarcando procesos de participación política y ciudadana de las mismas e impulsando acciones para prevenir las prácticas que obstaculizan estos derechos; lo anterior, con la finalidad de fortalecer su ejercicio y la democracia en el Estado de Baja California Sur.
Coordinar acciones entre las instituciones estatales a favor de la participación política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres en Baja California Sur, para lograr sinergias que cierren las brechas de género en la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en la implementación de una política pública en atención a la responsabilidad del Estado de Baja California Sur en la materia.
Las instituciones integrantes permanentes del Observatorio son las responsables de coordinar acciones entre las instituciones estatales a favor de la participación política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres en el Estado, para lograr sinergias que cierren las brechas de género en la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en la implementación de una política pública en atención a la responsabilidad del Estado.